Crece ‘la guerra de las presas’ en la Amazonia | Sociedad | EL PAÍS

 

Protestas de indígenas contra la construcción de la presa de Belo Monte. / LUNAE PARRACHO (REUTERS)

La gresca avivada en Brasil entre el Gobierno y las organizaciones ambientales e indigenistas por la construcción de enormes plantas hidroeléctricas en la cuenca amazónica está lejos de acabar. Según el Plan Decenal de Expansión Energética diseñado por el Ejecutivo de Dilma Rousseff, Brasil levantará 15 hidroeléctricas en el Amazonas en nueve años. Mientras seis obras ya avanzan a todo trapo (Jirau, Santo Antônio de Jari, Belo Monte, Colider, Ferreira Gomes y Teles Pires), la inauguración de nueve plantas (Sinop, Cachoeira Calderão, São Manoel, São Luiz do Tapajós, Jatobá, Bem Querer, São Simão Alto, Marabá y Salto Augusto Baixo) está prevista para el quinquenio 2017-2021.

La faraónica obra de la central de Belo Monte, en el río Xingú, y las de Jirau y Santo Antônio, en el Madeira, representan, por su impacto ambiental y envergadura, los campos de batalla de los ecologistas. Es previsible que en los próximos años surjan nuevos focos de tensión, ya que algunos de estos proyectos se desarrollarán en áreas sensibles de selva virgen y en territorios indígenas en las cuencas de los ríos Tapajós, Teles Pires o Juruena. “Nuestra posición no es contraria a la energía hidroeléctrica, sino a las obras de gran envergadura que tienen un fuerte impacto social y ambiental. Además, las largas distancias desde estas plantas hasta los núcleos urbanos convierten el modelo en poco eficiente”, explica Ricardo Baitelo, coordinador de Clima y Energía de Greenpeace Brasil.

La presidenta, Dilma Rousseff, tiene claro que la mejor manera de garantizar el crecimiento económico del país, que en los últimos dos años ha dado señales de debilidad, consiste en acabar con el déficit eléctrico y modernizar infraestructuras de transporte terrestre, marítimo y aéreo. Buena parte de estas prioridades fijadas en el Programa de Aceleración del Crecimiento afectan al Amazonas, la mayor reserva de riqueza natural del país. Por ejemplo, la construcción de 7.500 kilómetros de carreteras y 10.000 kilómetros de líneas férreas, o el trazado de nuevos tendidos eléctricos, requerirá abrir paso en la inexpugnable región selvática.

“Nuestra Constitución permite la explotación de los recursos minerales e hidráulicos que se encuentran en tierras indígenas, aunque aún no exista una legislación clara al respecto”, dice Altino Ventura, secretario de Planificación Energética del Gobierno brasileño: “No obstante, damos prioridad a hidroeléctricas que no toquen tierras áreas indígenas demarcadas o parques nacionales”.

En el terreno energético, la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), dependiente del Gobierno, pronostica que Brasil duplicará su producción eléctrica esta década. La principal fuente seguirá siendo la hidroeléctrica, prioritaria para el Gobierno y responsable de más del 80% del consumo del país. La cuenca amazónica representa un yacimiento inagotable de megavatios al que el Ejecutivo de Brasilia no está dispuesto a renunciar. Las seis hidroeléctricas ya en construcción, sumadas a las nueve en estudio, representan menos de la cuarta parte de la capacidad de generación de los dos principales ríos de la región selvática: el Amazonas y el Tocantins. “Los recursos están ahora en la región norte [que incluye el Amazonas] y nuestro desarrollo energético pasa por esta zona”, confirma Ventura.

El Gobierno argumenta que muchas de estas plantas serán pequeñas y que tendrán la misma estructura que las plataformas petrolíferas para minimizar su impacto. El modelo incluiría un reducido número de operarios, la ausencia de núcleos urbanos y la reforestación de la selva afectada en la construcción. Tras la puesta en marcha, solo quedaría una plataforma aislada en medio de la selva sin acceso terrestre. Los trabajadores solo podrían entrar y salir en helicóptero.

Según las ONG, al inundar enormes áreas de selva, estas plantas modifican el ecosistema; alteran los caudales, los cauces y los fondos de los ríos impidiendo a veces su navegación y desplazan a las poblaciones que viven en los márgenes y violentan a las comunidades indias que exigen el respeto de sus tierras ancestrales.

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