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MUY INTERESANTE ESTE ANÁLISIS DE EL PAIS. En España podríamos llegar hacia un sistema crediticio como el danés, con NINGUNA ventaja como tienen aquellos estudiantes, y sí con todas las dificultades de devolver los préstamos universitarios a alto interés. 

Con precios de las matrículas crecientes y becas menguantes, la Universidad española corre el riesgo de convertirse en un sistema “muy desigual, porque básicamente solo los ricos podrían permitirse el lujo de estudiar, perpetuando las desigualdades sociales”, describe desde la distancia de una observadora internacional la profesora de la Universidad de York, en Toronto (Canadá), Sheila Embleton. Es la misma lectura que hacen quienes protestan desde hace meses en las facultades españolas. Frente a esas movilizaciones y esos miedos, el ministro de Educación, Jose Iñaki Wert, apuntó recientemente la posibilidad de establecer un sistema de préstamos a estudiantes que le permitan a cualquiera pagar esas tasas que hoy son más caras. Su departamento está “en conversaciones muy avanzadas” con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ponerlo en marcha, aseguró.

Sin embargo, con independencia de la credibilidad de la puesta en marcha de esos préstamos en el actual contexto de crisis —enquistada entre otras razones por la falta de crédito—, la experiencia en otros países apunta a que ese tipo de sistemas se deben implantar con sumo cuidado, para que no acaben generando aún más desigualdades, y teniendo bien claras las respuestas a las preguntas cruciales de este debate: ¿quién debe pagar la universidad?, ¿cómo?, ¿cuánto?

La universidad, como cualquier servicio, lo puede pagar principalmente el Estado (es decir, entre toda la sociedad a través de los impuestos) o principalmente el que la usa, es decir, en este caso, los estudiantes y sus familias a través de las matrículas. Esos dos modelos básicos están representados en sus extremos por los países escandinavos (donde la matrícula es gratuita) y por países como EE UU o Chile (donde los alumnos asumen la mayor parte del coste). Inglaterra pasó de un sistema gratuito a cobrar más de 11.000 euros.

Aunque entre unos y otros hay muchos puntos intermedios, en la mayor parte de los casos donde las matrículas son altas existen fuertes sistemas de becas y ayudas al estudio para asegurar que nadie con capacidad se queda sin estudiar por falta de recursos. Es decir, lo que en términos sociales se llama asegurar la igualdad de oportunidades y, en términos económicos, evitar la pérdida de talento de los recursos humanos de un país.

Hasta ahora, España entraba en la categoría de precios bastante asequibles, pero con un “limitado acceso a ayudas”, decía un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. España destina a becas y ayudas el 0,11% de su PIB frente al 0,29% del PIB de media en los países de la OCDE, y el 0,37% de Australia. En España, en 2009 un tercio de los universitarios tenía alguna beca o ayuda; en Australia era el 81% y en EE UU, el 76,5%, según los datos publicados por la OCDE.

Pero desde este año, el cambio normativo fijado por el Ministerio de Educación español ha significado una liberalización de facto de los precios en las universidades públicas (con unas subidas que llegan en algunas comunidades hasta el 50% para los recién llegados, hasta 400 euros, y mucho más para los repetidores y los alumnos de máster) que conduce al sistema hacia una especie de tierra de nadie, pues el crecimiento de las tasas no se está compensando con más becas.

De hecho, lejos de subir, las ayudas se enfrentan a fuertes tensiones por los recortes educativos. Además, independientemente de los presupuestos (por segundo año, el Gobierno los ha mantenido para las ayudas generales universitarias), los nuevos requisitos de notas que han de obtener los becarios para seguir siéndolo harán que este año pierdan la ayuda en torno al 17% y que la cifra llegue a más del 32% el próximo curso, según los cálculos de los profesores especialistas en la financiación universitaria J. Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y J. A. Pérez García (Politécnica de Valencia).

En ese contexto —las protestas de la comunidad universitaria y el malestar de los alumnos afloran constantemente en este principio de curso en forma de movilizaciones— aparece la propuesta del ministerio de un sistema de préstamos.

Y llega apenas seis meses después de que el propio ministerio eliminara la única convocatoria de este tipo que existía en España (préstamos avalados por el ICO para estudiar másteres o doctorados), porque las condiciones que se podían ofrecer eran muy poco ventajosas. “En 2011, las condiciones marcaban unos intereses del 5,43% y, con ellas, la demanda no llegaba a las 1.000 solicitudes. Por eso, el ministerio decidió suspenderlos temporalmente hasta que se logren unas condiciones adecuadas.

Ahora nos encontramos en el momento en el que se sigue negociando con el ICO unas condiciones favorables para los estudiantes”, explica un portavoz de Educación.Estos créditos nacieron con el nombre de préstamos-renta, pues los beneficiarios no debían empezar a devolverlo hasta que terminaran los estudios, encontraran un empleo y alcanzaran un determinado nivel de ingresos. Algo parecido es lo que hace unos años le recomendó a España la OCDE: subir los precios de las matrículas para asegurar mejor la calidad y sostenibilidad de las universidades, pero, a la vez, “ampliar y diversificar considerablemente el sistema de apoyo a los estudiantes”, esto es, complementar el sistema de becas para aquellos alumnos con menos recursos “con un plan de préstamos universal a devolver en función de los futuros ingresos”.

Este era exactamente el plan del anterior Gobierno del PSOE (que planteaba encarecer las matrículas, sobre todo, a los repetidores, a la vez que engordaba las ayudas), pero con la idea de implementarlo una vez superada la actual crisis económica. “Lanzar un sistema de préstamos de este tipo es muy caro, y España probablemente no esté en condiciones de hacer esa inversión. Requiere un importante gasto inicial que solo se recupera cuando los estudiantes comienzan a pagar”, explica la analista de educación superior de la OCDE Barbara Ischinger.

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